La Comisión de Agua Potable y Saneamiento, ente encargado de generar el análisis y diseño de la nueva Ley General de Aguas, prevé mayores concesiones para los particulares, a fin de éstos puedan manejar los caudales y trasvases, así como para que puedan realizar descargas de líquidos residuales, según información dada a conocer por La Jornada.
A través de una nota difundida en el medio, se plantea si la plataforma de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento abre la puerta a las concesiones, ya que la actual Ley de Aguas Nacionales regula tanto las asignaciones como los permisos de descargas de aguas residuales; sin embargo, la propuesta de Ley General de Aguas permitiría a particulares hacer uso del líquido en distintas áreas.
Así, se establece que la nueva ley retoma el principio de subsidiariedad (participación entre sociedad, Estado y los entes privados) por la conexión entre aguas superficiales y las del subsuelo (fraking).
En este sentido, se aclara que será la Comisión Nacional del Agua la que estará obligada a garantizar el mantenimiento del caudal y el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en cualquier proceso de otorgamiento de concesiones. Además de que estará en posibilidad de reducir 10 % el volumen originalmente concesionado, para destinarlo al mantenimiento del caudal ecológico.
Por lo que hace a los trasvases, la plataforma para elaborar la ley recomienda autorizar las concesiones, siempre y cuando se garantice el derecho humano al agua.
Las solicitudes para obtener concesiones o asignaciones asumen que la explotación, uso o aprovechamiento tanto de aguas como de humedales requerirá siempre de concesión, y además del estudio de impacto ambiental se requerirá de un plan de manejo para la gestión sustentable.
En el medio se aclara, no obstante, que dicha concesión deberá incluir un estudio previo respecto al impacto ambiental: “Por tanto, la explotación y aprovechamiento de humedales y aguas nacionales requerirá de concesión para garantizar su gestión sustentable”, establece el organismo.
Según la información difundida los tres órdenes de gobierno tendrían obligación de asignar recursos públicos y subsidios para atender a grupos vulnerables, pueblos y comunidades indígenas.
Por lo que hace a la distribución de competencias, correspondiente a la federación, a las entidades federativas y a los municipios, el Congreso Federal estará en disposición de elaborar una ley en la que se establezca el derecho humano al agua y al saneamiento.
En este sentido, se advierte que toda actividad nociva a la salud será castigada, ordenando que quien contamina pague, además de que se le obligaría a subsanar cualquier afectación a los recursos hídricos, cuencas hidrológicas, acuíferos, bienes nacionales inherentes, zonas de recarga, ecosistemas vinculados con el agua y servicios ambientales.
Fuente: La Jornada
