El 7 de septiembre del año pasado ocurrió uno de los sismos más fuertes en México, con una duración de 2:33 minutos, epicentro en Chiapas y aceleración sísmica horizontal de 90 cm/seg2, según reportó del Sistema Estatal de Protección Civil. A partir de este hecho, se declararon en estado de desastre 92 municipios, con los siguientes daños: 16 personas fallecidas, 26 lesionadas y 166 heridos; 242 mil 997 personas damnificadas, 1 millón 480 mil personas afectadas; 16 mil 796 viviendas con daño total, 41 mil 569 viviendas con daño parcial; 113 escuelas con daño total, 2 mil 173 con daño parcial; 90 unidades médicas con daño parcial: 33 edificios con daño total, 161 con daño parcial; 141 iglesias con daño total, 321 con daño parcial; 75 comercios con daño total y 583 comercios con daño parcial.
El dato oficial de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones del Estado (Sopyc) es de 330 caminos y 68 puentes con daño parcial. El reporte oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es de 100 carreteras federales, 92 carreteras alimentadoras y cuatro puentes con daño parcial, mientras que la Comisión Nacional del Agua reportó 50 sistemas de agua potable y alcantarillado con daño parcial.
Chiapas es un estado que año con año padece desastres naturales, generalmente por lluvias torrenciales; sin embargo, meses atrás, la lxvi Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas decidió, mediante el Decreto número 164, la extinción definitiva del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales (Foeaden). El decreto se publicó en el Periódico Oficial del Estado, número 292, Segunda Sección, con fecha miércoles 26 de abril de 2017. Sin imaginar que se tendría una emergencia de mayores magnitudes, el acto de los legisladores fue catalogado como irresponsable por la población, ya que el Foeaden existía desde 1998.
Ante este panorama, los chiapanecos recibieron sólo ayuda humanitaria de la misma población y apoyos federales insuficientes, la mayoría coordinados por autoridades estatales con mucha opacidad.
Tal es el caso de las demoliciones de las más de 16 mil viviendas con daño total, donde el recurso provino de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (Sedatu), pero fue direccionado por la Sopyc, la cual otorgó el total de las demoliciones por montos de hasta 50 mil pesos por vivienda, según el volumen, a una sola empresa.
A los constructores chiapanecos se les subcontrató como «renta de maquinaria», y tras realizar el trabajo se les informó que sólo se les pagarían 8 mil pesos por vivienda demolida. Si se considera que se demolieron más de 16 mil viviendas, ¿cuánto negocio les deja esa opacidad en la contratación?, amén de que muchas constructoras son prestanombres de los mismos funcionarios estatales.
En el tema de la reconstrucción de espacios educativos, se etiquetan para el estado más de 1 mil millones de pesos de origen federal; sin embargo, es un secreto a voces que el funcionario titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), quien se encarga de la contratación mediante sus colaboradores, pide 14 % del presupuesto de cada obra (el llamado «moche») a los constructores chiapanecos, además de que, en una acción por demás crítica, los precios con los que paga el Gobierno del Estado –tanto en Sopyc como en Inifech– se basan en un tabulador obsoleto. A ello habría que agregar que las obras de montos mayores se le asignan a prestanombres. Esta realidad en Chiapas tiene sumida a más de 70 % de la población en la pobreza, y casi quebrado al sector de la construcción, que más genera empleo en la entidad.
Es un secreto a voces que el funcionario titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), quien se encarga de la contratación mediante sus colaboradores, pide 14 % del presupuesto de cada obra a los constructores chiapanecos, además de que, en una acción por demás crítica, los precios con los que paga el Gobierno del Estado se basan en un tabulador obsoleto
Por otro lado, otorgar 120 mil pesos a los damnificados para auto-construcción, mediante tarjetas de Bansefi en cuatro ministraciones de 30 mil pesos cada una, con nula asistencia técnica, en una zona altamente sísmica, y con precios de insumos como el cemento y el acero en continuo aumento, resulta insuficiente para que la población cuente con una vivienda digna después del desastre. Es sabido, asimismo, que funcionarios estatales y municipales han establecido tiendas de materiales en los municipios más afectados, lo que hace parecer que la intención no es resolver la problemática, sino lucrar con los recursos de la reconstrucción.
Funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –organismo especializado de la ONU, cuyos objetivos son la promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo, la creación de oportunidades de empleo y la mejora de las condiciones laborales en el mundo– han arribado a Chiapas para el diseño e implementación de programas públicos de empleo con impacto económico, social y ambiental que permitan mitigar la situación en la que ahora se encuentran miles de damnificados. El objetivo de Trabajo Decente para Todos y los compromisos definidos en la Declaración del Milenio van de la mano. El Programa de Trabajo Decente de la OIT, en un contexto de globalización justa, es esencial para la realización de los objetivos comunes, tan necesarios para los 92 municipios de Chiapas afectados por el sismo.
Es, por ello, necesario el diseño y la aplicación de metodologías de los Programas de Inversiones Intensivas en el Empleo (PIIE) de la OIT, en cumplimiento con los convenios internacionales y al margen de las campañas políticas del estado –hacia donde es posible que se destinen recursos, como resultado de la opacidad en el manejo. Dado que las autoridades estiman que la reconstrucción se llevará al menos cinco años, habría que considerar los siguientes retos:
- Garantizar la seguridad alimentaria ante el incremento poblacional en zonas post-desastre
- Desarrollar programas de reactivación económica locales para desalentar la migración a las ciudades, la cual se estima que será de 46 % para 2040
- Implementar programas de conservación de la infraestructura social de servicios de agua, drenaje y sanea- miento, así como el manejo y operación adecuada por la población, ante la disminución de las fuentes de agua por efecto del cambio climático
- Desarrollo de de programas de protección y mantenimiento ante la posibilidad de desastres más intensos y la degradación de la tierra y la infraestructura
Se requiere que los gobiernos federal, estatal y municipales reactiven la economía con inversión en infraestructura, que favorezca a micro y pequeñas empresas locales, pagando precios justos con tabuladores actualizados e incentivando el mercado interno. De igual modo, se requiere fortalecer la infraestructura social y brindar mantenimiento a caminos secundarios y terciarios, contratando mano de obra de la misma población para generar empleo digno. Es posible implementar programas de capacitación en oficios de la construcción para generar aptitudes y que en un futuro, con el apoyo de la OIT, se generen programas permanentes de conservación y mantenimiento de esos caminos, activando el comercio, la productividad y que los empleos pasen de la informalidad a la formalidad.
Con estas acciones sería posible evitar desplazamientos internos, migración, aumento de refugiados en albergues, conflictos sociales post-desastres; mitigar la falta de empleo o el aumento del trabajo informal y, en general, reducir la pobreza. Para todo lo anterior es importante la suma de voluntades, de profesionistas y profesionales, sector público y privado, instituciones académicas, sector empresarial de la construcción, organizaciones sociales, donantes, prestamos y donaciones de bancos de desarrollo. Apostándole a la transparencia y a la legalidad en aras de un mayor beneficio social, podemos reconstruir Chiapas.
