Juan Carlos Machorro, socio experto en energía de la firma Santamarina y Steta, señaló la debilidad del sector eléctrico para cubrir las oportunidades y necesidades de crecimiento del país.
“Se están rompiendo récords de importaciones y exportaciones. Reemplazamos a China como el primer lugar de exportaciones hacia los Estados Unidos y estamos inmersos en el mundo digital, la inteligencia artificial y los centros masivos de datos. Todo eso necesita de energía y no estamos a la par del crecimiento que está proyectando el nearshoring, ni tampoco estamos sembrando para fortalecer a los mercados de varias regiones, sobre todo en el sureste. Garantizar suministro a las cadenas de producción tradicionales y del mundo digital es el futuro de México. Garantizar el fluido para la población es el presente, además del futuro”, dijo.
El especialista explicó la importancia de dimensionar el crecimiento que vendrá para México, a fin de retomar las medidas de política pública previstas por la ley que, aunque perfectibles, pueden asegurar el abasto para la demanda que ya está rebasada para el día de hoy.
“La Comisión Federal de Electricidad necesita recursos para aumentar su capacidad de transmisión y distribución. No puede sola, aunque se le inyecten enormes cantidades del erario público, además de que no necesita descapitalizarse. El país es mucho más grande. Se necesitan inversiones privadas para lograrlo, que están perfectamente previstas y reguladas por nuestro marco legal y constitucional desde 2014”, aseguró.
Juan Carlos Machorro añadió que siguen congeladas las licitaciones que se diseñaron para conectar el Istmo de Tehuantepec y la península de Baja California con el centro del país, de modo que las zonas privilegiadas de sol y viento distribuyan su sobreproducción hacia zonas de sobredemanda. La reapertura de esas licitaciones no sólo detonaría el crecimiento, sino también mayor justicia social para varias regiones.
“Bastaría con desatorarlas y fortalecer a las autoridades del Estado mexicano como reguladores, bajo una óptica técnica y científica, con sentido práctico y sin confusiones ideológicas. Simple: las empresas, los trabajadores y las familias esperan contar con luz, mejores servicios, mejores productos y tecnología de punta a precio menor. Para lograrlo, se necesita dejar actuar de la mano a los expertos del sector público y privado y regresar a la sensatez jurídica y financiera”, aclaró.
Recordó, además, que es crucial reorientar el paradigma de que el sector eléctrico sólo puede estar en manos del gobierno y llevarlo hacia una visión de eficiencia, lo cual está previsto por la ley.
“Sí a la participación del sector público, con recursos para que la CFE se fortalezca y compita como empresa productiva del Estado. Sí a la apertura para la generación y comercialización eficiente de energía eléctrica. Sí, a la rectoría del Estado mexicano pero con órganos reguladores sólidos, autónomos y especializados. Sí, a la revisión del andamiaje regulatorio para robustecer al mercado. Sí a la recapitalización de CFE, vía esquemas de asociación público-privadas (APP), sin que nos cueste a los ciudadanos. Sobre todo, sí a un ambiente sano de autonomía, competencia, libre concurrencia, reglas claras, transparencia y piso parejo”, concluyó.
