La falta de certeza sobre la calidad del agua potable que se distribuye a los hogares es causa de que la población de la Ciudad de México gaste más de 4 mil millones de pesos (mmdp) en agua embotellada al año –casi el presupuesto destinado para 2019 al Sistema de Aguas (Sacmex)– lo que lleva a replantear la situación en municipios y organismos del sistema hidráulico, antes de incluir este producto en la canasta básica.
La doctora Delia Montero Contreras, investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destaca la importancia de evaluar la tarea de los sistemas responsables de repartir el líquido para consumo humano y terminar también con “la corrupción que permitió que de pronto aparecieran cientos de purificadoras sin control, ligadas al mal manejo de permisos, verificaciones y pipas”, que originaron cambios en los hábitos de consumo de los mexicanos.
Sobre todo cuando la incertidumbre sobre la calidad del agua ha hecho que los ciudadanos tomen sus propias decisiones y hayan considerado más segura la embotellada, que “representa un gasto millonario para los hogares de todo el país, principalmente si consideramos que representa sólo 0.22 % del consumo total del agua en los domicilios”, sin olvidar las compras que se hacen en el sector gubernamental, oficinas privadas o escuelas, resulta “por demás escandaloso”.
Prueba de esto es que “las familias de menores ingresos son las que destinan más recursos en agua envasada, pero no son las únicas, ya que 90 % de los habitantes del país” registra ese hábito. “México destaca a nivel mundial como el principal consumidor, con 390 litros por persona al año”, asegura Montero.
En su estudio Agua embotellada no debe ir en la canasta básica, la académica califica de “tema sensible” esta iniciativa del gobierno federal, toda vez que es fundamental evaluar las funciones de los municipios y organismos operadores y de los cientos de purificadoras sin control que crecieron en los últimos 19 años.
“Difundir la información como señala el propio Presidente de la República es fundamental, pero el cambio institucional requiere más que eso, se necesita terminar con la corrupción que permitió que de pronto aparecieran cientos de purificadoras sin control, que son más que prácticas ligadas al mal manejo de permisos, verificaciones y pipas”.
La jefa del Área de Investigación de Economía Institucional, Estado y Gestión Social de la Unidad Iztapalapa sostiene que el primer paso será evaluar a las purificadoras, aquellos pequeños negocios que desde el año 2000 venden “agua purificada, pero de dudosa calidad a familias de bajos recursos. El problema con estas pequeñas empresas es que no están debidamente reguladas, posiblemente muchas no estén registradas ni pagan impuestos; muchas de ellas se abastecen de pipas, no cambian seguido sus filtros y se ubican sobre todo en zonas de bajos ingresos con precios que oscilan entre los 7 y 15 pesos por garrafón”, describe.
También es preciso considerar el crecimiento de embotelladoras transnacionales que iniciaron operaciones en México a mediados de la década de 1980 como Danone (Bonafont), Nestlé (Santa María) y más tarde Coca-Cola (Ciel) y PepsiCo (Electropura y E-Pura).
“Entre purificadoras y transnacionales poco a poco han cerrado el círculo de consumidores en México, en el cual casi no hay competencia, ya que las primeras se orientan a un mercado de bajos ingresos que no es el más importante para las transnacionales, mientras éstas últimas se sitúan en el segmento de medios y altos ingresos”, precisa.
A escala nacional, purificadoras locales y transnacionales abastecen en partes iguales la totalidad del mercado, lo que ha incidido en el cambio de hábito del consumo de agua potable entre los mexicanos, el cual se ha expandido a lugares como la sierra de Oaxaca, donde dejaron desde hace 10 años de beber la que está disponible en el lugar.
Aunque las purificadoras operan de manera local y no tienen planes estratégicos de expansión, porque muchas de ellas operan en la clandestinidad, de acuerdo con datos de 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “que son los más certeros que encontramos”, acota la investigadora, «a nivel nacional estaban registradas un total de 10 mil 49 purificadoras en todo el país, la mayoría ubicadas en zonas marginadas, que es su principal mercado”.
Ante este panorama, “el agua embotellada no debe de entrar en la canasta básica», sostiene la doctora Montero, «ya que la fuente de abastecimiento de los beneficiarios del programa son las purificadoras, que en muchos casos son establecimientos sin regulación, a lo que agregaríamos que el comercio de agua en pipas con las que muchas se abastecen es todo un misterio y corrupción”.
