Aunque Baja California y Sonora tienen en puerta seis proyectos para desanilizar el agua, por lo menos una estaría negociando para vender este insumo a Estados Unidos.
En una nota de la Revista Proceso, se establece que California ha confirmado este hecho e incluso se han tenido noticias de que empresas norteamericanas se han asentado en territorio nacional bajo filiales, como es el caso de NSC Agua S.A., de la norteamericana Consolidated Waters Co. Ltd., que se ubicó en Tijuana.
Bajo un esquema de asociación público-privado, los dos estados mexicanos han abierto la puerta a proyectos de desalinización en los últimos años. De ello se da cuenta en el artículo “Desalinización y seguridad del agua en la frontera Estados Unidos-México”, publicado en 2016, según relata Proceso.
En él se establece que hay al menos dos proyectos que planean exportar agua a través de ductos transfronterizos: “Se presta cada vez más atención a los proyectos de desalación de agua de mar en Rosarito, Baja California, y en Puerto Peñasco, Sonora. Ambos han considerado la posibilidad de exportar agua desalada a Estados Unidos”, se menciona.
En la nota, se da cuenta de que el panista Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, se asoció con Consolidated Waters y endeudó al estado con más de 66 mil millones de pesos, los cuales serán invertidos en la planta desalinizadora de Playas de Rosarito, ubicada a 40 kilómetros de la frontera.
Asismismo, se refiere que el gobernador anunció en 2016 esa planta desalinizadora como la más grande de Latinoamérica, la cual, además, fue mencionada desde 2012 por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) como una “Planta desaladora binacional en Rosarito”, en el acta 319 firmada por México y Estados Unidos.
Por su parte, Consolidated Waters confirma en su sitio corporativo que desde finales de 2012 NSC firmó una carta de intención con el Distrito de Agua de Otay para proveer entre 20 y 40 millones de galones de agua al día, aunque su filial mexicana lo niega.
Por su parte, Consolidated Waters confirma en su sitio corporativo que desde finales de 2012 NSC firmó una carta de intención con el Distrito de Agua de Otay para proveer entre 20 y 40 millones de galones de agua al día, aunque su filial mexicana lo niega.
El Distrito de Agua de Otay, distribuidor de agua en el sur del condado estadunidense de San Diego, admite que hay un proyecto exportador de agua: “Debido a la proximidad de la planta con la frontera internacional de Estados Unidos y México, NSC Agua y Otay han estado analizando la posibilidad de sobredimensionar la planta y el sistema de conducción para proporcionar un suministro adicional de agua potable a Otay”.
Según la publicación en línea, a pesar de que el director de la Comisión Estatal del Agua en Baja California, Germán Lizola, estableció que el proyecto de Rosarito no planea la exportación, Distrito de Agua de Otay insiste en que ésta se planea para la segunda etapa de la desalinizadora.
«Casi todos en el gobierno estatal han tocado este proyecto en un tiempo u otro. Parece que Baja California va a comprar la producción total de la planta y el estado de Baja California vendería parte de esa agua a Otay», afirma Mark Watton, gerente general del Distrito de Agua de Otay.
La empresa Aguas de Rosarito S.A.P.I. de C.V. es la encargada de construir y operar la planta desalinizadora. Este consorcio es integrado por las empresas NSC Agua SA y por Nuwater S.A.P.I de C.V.
Según el Registro Público de la Propiedad, el socio fundador de NSC Agua es del propio Vega Valladolid. La última reunión que tuvo el Distrito de Agua de Otay sobre el proyecto en el que se trató sobre la desalinizadora de Rosarito fue en enero.
En la reunión del 19 de enero, el comité avisó de los avances de la planta de Playas de Rosarito operada por la trasnacional, a través de NSC Agua S.A.
También informó sobre el progreso del Proyecto de Transporte y Desinfección de Otay Mesa, esto es, de la construcción del ducto con el que planean la exportación.
Sin embargo, las conversaciones para concretar la exportación de agua se atenuaron, luego de que grupos civiles de Baja California protestaran en contra de la privatización del agua y el gasolinazo.
Finalmente, en marzo, la priista Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, propuso al Congreso de esa entidad una desalinizadora en el municipio de Empalme, presupuestada en 704 millones de pesos y que se licitará también en la modalidad gobierno-iniciativa privada.
