Ante la reciente firma del Acuerdo por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad entre la academia, la iniciativa pública y la iniciativa privada, se destaca la intención del gobierno de regular las concesiones de agua para que las empresas hagan un uso adecuado del recurso hídrico y no incurran en prácticas ilegales como su venta, esto como una medida para alcanzar la seguridad hídrica.
De acuerdo con los datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), de la Conagua, en México hay alrededor de 528 mil 535 concesiones en manos de 376 mil 845 titulares. De ellos, 4 mil 954 concesiones amparan, cada una, un volumen de extracción anual de 1 millón de metros cúbicos o más; y de éstas, 3 mil 806 concesiones están en manos de alrededor de 3 mil 492 particulares que, en conjunto tienen permitido extraer al año 35 mil 876 millones de metros cúbicos.
Dichas concesiones de agua han sido fuente de controversia, pues a menudo los titulares no cumplen con las condiciones establecidas e incurren en prácticas ilegales, como la venta de agua a particulares y a otras empresas, o bien, a través de la extracción de volúmenes de agua que afectan a las comunidades cercanas.
Esto se debe a que la Ley de Aguas Nacionales permite la transferencia de títulos de concesión, siempre y cuando sean en el mismo acuífero y sea para el mismo uso y que se harán todas las obras necesarias para el aprovechamiento.
Actualmente cerca del 70% de las concesiones para uso industrial se concentran en siete entidades federativas, destacando Puebla, Quintana Roo y Veracruz, que acumulan 50% del volumen concesionado para estos usos.
Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una propuesta para la gestión del agua en el país que implica modificar la legislación que regula las concesiones de agua y realizar una revisión de los títulos que no están siendo utilizados para que este volumen se reincorpore a las aguas nacionales, además de la creación de un sólo registro que reordene las concesiones de las empresas, con lo que se facilitará la identificación de posibles abusos y se promoverán prácticas más responsables en su consumo.
Una ley que debe estar en constante observancia
La firma del acuerdo se convierte en una acción crucial para enfrentar las sequías y la constante demanda de agua de la población y para lograr una distribución más equitativa y sustentable del agua en el país, pues en la actualidad la escasez del recurso afecta a 35 millones de personas de manera desigual, a 104 de las 757 cuencas hidrográficas y a 114 acuíferos que están seriamente afectados, sobrexplotados y contaminados.
Sin embargo, de acuerdo con especialistas, para lograr la seguridad hídrica, el Acuerdo por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad debe ir acompañado de innovación, tanto tecnológica, como de metodologías de gestión del agua, creación de capacidades, organización social, y desarrollo de instituciones y marcos legales adecuados que permitan alcanzar un uso racional del vital líquido.
De acuerdo con la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, la falta de seguridad hídrica es uno de los mayores riesgos para la prosperidad global ya que el consumo de agua se ha duplicado cada 20 años y para el 2025 estima que al menos dos tercios de la población mundial vivirá en zonas con estrés hídrico.
“El objetivo es que al cierre del sexenio podamos entregar a la naturaleza, a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ríos saneados y un Plan Nacional Hídrico que le dé un progreso con justicia a nuestro país”, comentó al respecto Claudia Sheinbaum Pardo.
