Norma Álvarez, abogada experta en derecho energético y regulatorio, de sustentabilidad e infraestructura de la firma legal Santamarina y Steta, describió las razones por las que el reciente decreto de restricción temporal para la importación de hidrocarburos, conocido como antihuachicol, el cual ahora se endurece con nuevas disposiciones reglamentarias, complica al grado de imposibilidad los trámites para que operen los importadores de 68 productos.
“Si bien es cierto que el decreto y las disposiciones reglamentarias buscan prevenir el tráfico ilícito de hidrocarburos (en lo que todos coincidimos) la forma en que lo están haciendo no es la adecuada, porque están sobrecargando al permisionario con obligaciones que no necesariamente van a traducirse en el abatimiento de robos y otros actos ilícitos” dijo.
La experta explicó que la preocupación radica en que quienes tienen autorización temporal tendrán vencimientos que oscilan entre finales de diciembre del 2023 y principios de enero del 2024, con una ventana de 12 días para obtener sus nuevos permisos, los cuales ya serán exigibles el 19 de diciembre. En esas circunstancias, existe una amenaza real para detener sus operaciones.
Norma Álvarez, abogada experta en derecho energético y regulatorio
Norma Álvarez añadió otras dos posibles barreras que son de gran preocupación para los importadores. La primera es una parte del decreto en la que Sener puede solicitar en cualquier momento a cualquier dependencia o tercero información relativa a la cadena de valor del petrolífero que se va a importar. Y también en relación con el solicitante, para determinar si se otorga el permiso.
“El problema es que cualquier tercero puede opinar sin que necesariamente tenga toda la información del permisionario, lo cual afecta directamente el principio de legalidad y de certeza jurídica. Cualquiera puede opinar sin estar informado de la actividad e influir en una negación del permiso. Consultas como éstas ya están afectando la parte eléctrica. Lo vemos con gran preocupación, porque esta presión puede llevar a una lluvia de amparos y a la judicialización, como está ocurriendo en el sector eléctrico”, subrayó.
La segunda barrera es la negativa ficta, establecida en el acuerdo complementario. Esta consiste en que si la autoridad no resuelve en el tiempo fijado, se confirma la negativa.
“Se puede volver a solicitar el permiso, pero el permisionario obtiene la negativa ficta sin enterarse. Esta disposición genera más incertidumbre y retrasos en trámites, con consecuencias que pueden resultar muy graves para la industria y el abastecimiento. Lamentamos que se sobrerregule para importadores que ya están cumpliendo con la ley, mientras se abandonan las medidas de vigilancia, que sí pueden ser efectivas contra el huachicoleo”, concluyó.
