México es el principal emisor de gases de efecto invernadero (GEI) en América Latina y el único que se encuentra entre las primeras 15 naciones generadores de contaminantes, explicaron Rosa Lizbet Altamirano Miranda y Obdulia Medina Juárez, estudiantes de posgrado en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante el Coloquio Interdisciplinariedad de las Ciencias Sociales, las maestrantes en Humanidades y Ciencias, respectivamente, coincidieron en que desde finales del siglo pasado diversas organizaciones y gobiernos comenzaron a trabajar en el ámbito internacional en estrategias encaminadas a reducir y contrarrestar el efecto de esas emisiones que, entre otras implicaciones, contribuyen al calentamiento global.
En ese contexto, como parte de las acciones del Estado para instrumentar una política nacional en la materia, en 2012 se publicó la Ley General del Cambio Climático, en la que se definen los instrumentos jurídicos, de política pública, así como la planeación y acciones institucionales para la implementación de acciones de mitigación y adaptación de manera corresponsable entre los sectores público, privado y social.
En 2012 se publicó la Ley General del Cambio Climático, en la que se definen los instrumentos jurídicos, de política pública, así como la planeación y acciones institucionales para la implementación de acciones de mitigación y adaptación de manera corresponsable entre los sectores público, privado y social
Dicha Ley, abundaron, regula las emisiones de GEI y las acciones de mitigación, fomenta la investigación científica mediante el desarrollo y la transferencia de tecnología, así como el desarrollo de estrategias, programas y proyectos de mitigación para lograr el uso eficiente de los recursos energéticos del país.
La legislación establece que hay tres tipos de estrategias políticas por seguir: descentralizadas, de incentivos y de regulación directa. En las primeras, los individuos directamente involucrados en los casos de contaminación buscan una solución por sí mismos mediante negociaciones informales. Las basadas en incentivos están enfocadas en tomar medidas para aumentar el costo de la contaminación; es decir, que ésta tenga un costo mayor para las entidades emisoras y así resulte menos costeable, mientras que las de regulación directa consideran lineamientos públicos para regular acciones orientadas a resolver este problema con implicaciones sociales.
Altamirano Miranda y Medina Juárez reconocieron que a pesar de que se han implementado medidas a nivel político para coadyuvar en la reducción de las emisiones de efecto invernadero, se requieren estrategias de largo plazo con una visión de conjunto para vincular la investigación científica con las políticas públicas.
Fuente: UAM
