Integrantes de la coordinadora nacional, Agua Para Todxs, Agua Para la Vida, aseguraron que a 100 días de que tomara posesión el nuevo gobierno encabezado en el presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue sin garantizarse la autonomía de la gestión del agua, por lo que temen que se esté continuando con el plan de privatización que se tenía desde el sexenio pasado.
En un artículo publicado en Aristegui Noticias, el doctor Pedro Moctezuma y Elena Burns explicaron que aunque el presidente se comprometió a la no privatización del recurso hídrico -lo cual ratificó en su Informe sobre los primeros 100 días- los mismos que prepararon los 10 decretos sobre el levantamiento de veda a 300 cuencas hídricas de país, “no sólo han logrado que el presidente Obrador incumpla con su compromiso de revertirlos, sino que han preparado una nueva tanda de decretos para su firma este 22 marzo, Día Mundial del Agua”.
Aseguraron que aunque la Carta Magna protege a los ciudadanos respecto a la privatización del agua, lo que está en una etapa crítica es es el control del recurso, pues industrias privadas de diversos sectores productivos han puesto énfasis en hacer uso del agua con absoluta libertad, lo que a su vez se traduciría desbasto para el pueblo, además de que se fomentarían dinámicas de corrupción e impunidad.
Haciendo un recuento de las acciones que anteriores gobiernos han hecho por justificar la privatización del agua, los integrantes de la coordinadora rastrearon que éstas se remiten al ex presidente priista, Carlos Salinas de Gortari, quien como un preacuerdo para entrar al Tratado de Libre Comercio accedió a un convenio de concesiones sobre aguas nacionales, las cuales llegaron a ser de hasta 330 mil en los primeros 10 años.
Asimismo, los especialistas cuestionan el concepto de “reserva”, el cual se utiliza para el agua nacional, pues desde su perspectiva, estas reservas son la diferencia entre el volumen de agua ya concesionado y la disponibilidad que existe, por lo que señalan a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de manejar las cifras en beneficio del sector privado y justificar su privatización.
“Así es que la Conagua publicó en el DOF el estudio realizado por la minera Goldcorp demostrando que se había subestimado en 40 millones de metros cúbicos al año la recarga del acuífero Cedros, en el semi-desierto zacatecano; mismo volumen que le fue concesionada a esta misma empresa acto seguido. En este momento, la Conagua está preparando la publicación del estudio de Aguas de Barcelona, que justificaría el trasvase de 30 millones m3/año de las aguas subterráneas anteriormente desconocidas en Parras a una nueva zona industrial cerca de Saltillo, Coahuila”, informan.
En este sentido, suponen que antiguos funcionarios de la Conagua desean convencer al presidente de México de que la única manera de garantizar el acceso al agua se a través de las reservas nacionales, lo cual acarrearía más concesiones innecesarias a pobladores rurales e indígenas: “acción innecesaria que ignora sus derechos bajo los Artículos 1 y 2 constitucionales, y cosa muy grave, la pronta puesta en marcha de Conagua Digital, que implicaría el reparto masivo e indiscriminado de aguas nacionales hasta agotar existencias. La realidad innegable es que hasta que libremos nuestras aguas de las manos del mercado, el agua seguirá fluyendo hacia el poder”, sentencia.
Derivado de las conjeturas anteriores, en el artículo exhortan a la redacción de una Ley General de Aguas que desmercantilice el agua, a través de la prohibición de compra y venta de concesiones: “Una Ley que nos permita trabajar juntos en cada cuenca del país para encontrar soluciones consensadas a las actuales dinámicas de sobreexplotación, acaparamiento, contaminación e impunidad”.
Del mismo modo, hacen un llamado para que se conserven los estado de veda e las cuencas a fin de evitar el sobreconcecionamiento y la especulación: “Necesitamos establecer un mecanismo más allá que el sistema de concesiones, que garantice el respeto por las dotaciones ejidales y comunales y que reconozca los derechos de los pueblos indígenas a administrar las aguas en sus territorios. Requerimos respetar por principio a toda comunidad que se levanta para defender su agua. Es urgente también desmantelar los Bancos del Agua y cancelar el Conagua Digital”.
Sin mencionar nombres, aseguran que los intereses de participantes de la Conagua sigue imperando en la decisiones cruciales para el rumbo del país en materia hídrica. Por ello, exhortaron al presidente de la República a evaluar las intenciones de la dependencia “ para que no sea utilizado por su proyecto de expandir el control privado sobre las aguas de nuestra Nación”.
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Fuente: Aristegui Noticias
