La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (Ensanut Continua 2022), destacó que en los últimos 11 años, en México han fallecido más de 390 mil personas a causa de una lesión no intencional (LNI), definida también como una situación accidental porque no son producidas implícitamente para causar daño, aunque son provocadas a partir de accidentes viales, caídas, ahogamientos, quemaduras y envenenamientos, las cuales en 2021 se colocaron en el noveno lugar con 3% del total de defunciones.
La Ensanut advirtió que las lesiones no intencionales, como las quemaduras, ocuparon el cuarto sitio de recurrencia, detrás de los accidentes viales, las caídas y ahogamientos. El 70% de las quemaduras se dieron en hombres por exposición directa a humos, a fuegos o llamas, mientras que los líquidos calientes están relacionados a lesiones no fatales, es decir, que no provocaron la muerte.
Por otro lado, 45% de las quemaduras fatales ocurrieron en casa, el escenario más común fue la cocina, los grupos más afectados por estos eventos fueron los niños, los adolescentes y los adultos mayores.
La OMS cataloga las quemaduras como lesiones en la piel u otros tejidos corporales por efecto de calor, radiación, fricción, entre otras. Las clasificadas en primer, segundo y tercer grado según la penetración que generan.
Ricardo Pérez Núñez, asesor en Seguridad Vial y Prevención de Lesiones No Intencionales para la Organización Panamericana de la Salud, subrayó que las quemaduras generan morbilidad, incluso de por vida en el paciente afectado, quien demanda atención médica de alta especialidad desde la fase más aguda hasta la rehabilitación de sus secuelas, generando un alto costo social e impactando negativamente en las finanzas de los sistemas de salud.
“Los accidentes son percibidos por la ciudadanía como hechos aleatorios que no se pueden prevenir, pero en algún momento de la historia natural del accidente podemos intervenir para evitar lesiones severas, que discapaciten a la población o que la maten”, expreso Pérez Núñez, médico especialista en salud pública.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (CONAPCI), los siniestros por incendio en casa habitación, oficinas, centros de entretenimiento, escuelas o fábricas, se deben a la incursión de materiales en la construcción no garantizados, instalaciones eléctricas inadecuadas, falta de infraestructura segura para el almacenamiento o transportación de combustibles, escasa inspección y supervisión de la reglamentación, así como desconocimiento de tecnologías aplicables para minimizar la pérdida de propiedades o de vidas; pues muy pocos de estos inmuebles cuentan con elementos de detección, alarma y extinción de incendios, debido a que no existe una normatividad expedita en la materia.
Conforme al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en 2022 se registraron 4776 incendios, de los cuales 872 fueron en casa-habitación. En el mismo año, en Nuevo León, el Patronato de Bomberos de la Dirección General compartió que habían cubierto 5409 incendios en los cuales hubo 16 personas fallecidas y 53 heridos.
Ecosistema NFPA
Para identificar, minimizar y evitar las pérdidas, lesiones o muertes producidas por incendio, riesgos eléctricos u otros, la National Fire Protection Association (NFPA) ha desarrollado el Ecosistema de Protección Contra Incendios y Seguridad Humana compuesto por ocho acciones: 1. Responsabilidad gubernamental; 2. Uso y desarrollo de normativa actualizada; 3. Normas referenciadas; 4. Inversión en seguridad; 5. fuerza laboral calificada; 6. Cumplimiento del código; 7. Preparación y respuesta de emergencias; 8. Público informado.
1. Responsabilidad gubernamental. Todos los niveles del gobierno tienen la responsabilidad de mantener a sus comunidades a salvo de los riesgos de incendio, riesgos eléctricos u otros. Por eso deben vigilar una política y un entorno regulatorio en el que las leyes, políticas y prioridades de gastos sean dictadas por las necesidades de seguridad pública y no por intereses especiales. Es lo que los ciudadanos esperan del gobierno.
2. Uso y desarrollo de la normativa actualizada. Utilizar los códigos y normas más actuales desarrollados por expertos locales e internacionales, establecer niveles mínimos de seguridad para proteger a las personas y sus propiedades, permitir a los expertos en cada rama o sub rama del sector comercial, industrial y doméstico capacitarse para que luego puedan llevar a cabo lo aprendido en dichas ramas. Los códigos y normas se actualizan para reflejar los cambios de nuestro mundo.
3. Normas referenciadas. Las normas referenciadas son una parte fundamental de las normas y códigos más importantes en seguridad contra incendios, humana, edilicia y eléctrica, y brinda una guía clave para diseñadores, instaladores, operadores de instalaciones y autoridades a cargo de hacer cumplir las leyes. Desarrolladas mediante un proceso de consenso, estas normas incluyen referencias a normas de instalación y productos que son desarrollados por una amplia gama de organizaciones.
4. Inversión en seguridad. Invertir en seguridad debería ser la prioridad de todos y cada uno. Todos debemos interesarnos de manera directa en la seguridad del público y trabajar en conjunto para asignar recursos para reducir las pérdidas producidas por incendios y riesgos relacionados. Si las decisiones solo se basan en las ganancias financieras, pueden producirse tragedias.
5. Fuerza laboral calificada. Se necesita una fuerza laboral calificada para asegurar la correcta aplicación de los códigos más actualizados con el fin de reducir el riesgo de lesiones, pérdidas y muertes para los trabajadores y el público en general. Todos debemos capacitarnos de manera continua y desarrollarnos profesionalmente en nuestra fuerza de trabajo y alentar a otros a que trabajen en el área de seguridad contra incendios y seguridad humana.
6. Cumplimiento del código. Dar apoyo efectivo al cumplimiento de aquellas normas y estándares. Ya sea que se trate de una vivienda o un nuevo edificio de oficinas, los lugares en los que la gente vive y trabaja son solo tan seguros como su construcción y el cumplimiento con el código aplicable.
7. Preparación y respuesta de emergencias. Cuando arriesgan sus vidas, los socorristas deberían sentir que están preparados para proteger a sus comunidades, y que sus comunidades están trabajando para ayudar a prevenir y a prepararse para situaciones de emergencia. Priorizar e invertir dinero en la preparación efectiva y en la capacidad y recursos de respuesta para antes, durante y después de la emergencia, ayuda a los socorristas a cumplir con las diversas necesidades de sus comunidades.
8. Público informado. Cuando se le brindan consejos y medidas de acción para ayudar a dar abordaje a los riesgos, el público puede tomar mejores y más informadas decisiones y tomar acción para proteger sus viviendas y su seguridad personal. Si no cuenta con la información que necesita, podría tomar medidas que impliquen un gran riesgo. La gente tomará medias de seguridad adicionales si comprende el riesgo y las consecuencias que trae aparejadas el no hacer nada.
De acuerdo con Jaime Gutiérrez Casas, director de Desarrollo para América Latina en NFPA, los ocho componentes deben permanecer interdependientes. “Si cualquier componente falta o falla, el Ecosistema puede colapsar, provocando tragedias. Si solemos hallar las causas de incidentes perniciosos de seguridad y sus consecuencias, podremos disminuir la ruptura, anticiparnos al hecho, priorizando la conservación de la propiedad, la continuidad del negocio y la integridad de la vida humana”.
Asimismo, concluyó que “el Ecosistema de Seguridad contra Incendios y Protección de Vidas es una herramienta transversal, una guía para que todos como ciudadanía, hagamos de este mundo un lugar más seguro, pasemos a la acción y evitamos enfermedades o lesiones accidentales y no accidentales, porque ambas pueden disminuirse e incluso evitarse”.
