De acuerdo con Banxico y el INEGI, en el país existen 72 ramas económicas y 96 más que componen el comercio exterior. Todas éstas, divididas en tres grandes sectores: el primario, con cuatro actividades; el secundario, con 56 actividades; y el terciario, con 11 actividades. Esta última, representó 51 % del PIB nacional de enero a septiembre del 2020, según lo expresado por José Manuel López, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).
Actualmente, hay 800 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) elaboradas por dependencias federales, concebidas para proteger las vías de comunicación, el ambiente y al consumidor. Además, el país cuenta con 5 mil normas de carácter voluntario (NMX), promovidas por la Secretaría de Economía y el sector privado para establecer los requisitos mínimos de calidad, así como parámetros que tienen que alcanzar fabricantes y prestadores de servicios si es que quieren destacarse del resto de su competencia.
En todos los sectores es necesaria la seguridad contra incendio
Debido a su alta especialización técnica, además de su propia naturaleza, tanto para mantener la continuidad de operaciones como la salvedad de una ocupación, edificio o inmueble, la protección contra incendio se centra en alarma, notificación, detección y supresión como parte de un sistema de seguridad, lo cual la hace susceptible de considerarse en las distintas actividades económicas dentro de los tres grandes sectores, pues un incendio puede producirse en cualquier lugar, en cualquier momento.
No obstante, para los inversionistas y dueños de empresas, la normatividad suele percibirse como una imposición por parte de los gobiernos locales e incluso el Federal, al grado de considerarlo un trámite engorroso, poco transparente que pretende sobre regularlos, señala el ingeniero José Manuel Cruz, consultor certificado en seguridad contra incendio.
En el ámbito de la supresión contra incendio; por ejemplo, manifiesta “de qué pie cojean” los diversos Comités Nacionales de Normalización, así como los Organismos de Evaluación de la Conformidad, “porque no hay una infraestructura sólida, esto es, un laboratorio equipado para examinar, comprobar y dictaminar el cumplimiento exacto y diligente de lo que establece determinada norma, sea ésta obligatoria, voluntaria o de referencia”.
El ingeniero Cruz señala, asimismo, que en el área de protección contra incendio no ha habido voluntad política de parte de los Comités de Normalización reconocidos por la Ley para establecer mesas de trabajo donde la cadena de valor aporte con su experiencia para robustecer la profesionalización y desarrollarse como una vena de reactivación económica del país.
Incluso, menciona que normativas como la NOM-002-STPS-2010 carece de especificidad técnica en cuanto al tipo de riesgo, por lo que, cuando un inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llega al centro de trabajo se encuentra con que ésta deja a libre interpretación de los directores, gerentes o dueños del lugar dicho riesgo.
Por su parte, el director General de Normas, Alfonso Guati Rojo Sánchez, expresa que la gran mayoría de las actividades económicas habían sido normadas y reglamentadas por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), que ha sido abrogada en recientes fechas por la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), la cual persigue:
- Establecer mecanismos de coordinación y colaboración en materia de normalización, evaluación de la conformidad y metrología entre las autoridades normalizadoras, el Centro Nacional de Metrología, los institutos designados de metrología, los organismos de acreditación y organismos de evaluación de la conformidad, las entidades locales, así como los sectores social y privado.
- En materia de metrología, establecer y mantener el Sistema General de Unidades de Medida, crear los institutos designados de metrología y establecer lo referente a la metrología científica, metrología legal y la metrología aplicada o industrial.
- Impulsar la creación de mayor infraestructura física y digital para el adecuado desarrollo de las actividades de evaluación de la conformidad.
En este sentido, cerca de un centenar de NOM, NMX y Normas de Referencia (NRF) que componen el reciente Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad están relacionadas con el área de seguridad y protección contra incendio, en la que más de la mitad son de carácter voluntario, es decir, exhortativas.
De hecho, varias de estas normas creadas y publicadas hace más de 10 años han sido ratificadas quinquenalmente, no obstante, el propio contexto comercial nacional e internacional de competitividad respecto a la calidad y seguridad de los productos, e incluso servicios que se ofertan en el área de protección contra incendio (alarma, notificación, detección y supresión), implican nuevas adecuaciones a revisarse, inspeccionarse y evaluarse.
Habrá que esperar, expresa Cruz, “pues dicha Ley entró en vigor el pasado 31 de agosto de 2020, sin embargo, se debe garantizar el cumplimiento y aplicación de las NMX, incorporándolas en los Reglamentos o Códigos de Construcción para que sean exigibles en la edificación y no se conviertan en letra muerta”.
