Especialistas académicos, investigadores y juristas aseguraron que ya aprobada Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México representa un “negocio millonario ” para el sector privado, puesto que les permitirá el control sobre la distribución del recurso hídrico, la fijación directa de tarifas, el corte del suministro, así como la inversión en mega proyectos; hechos que aumentarán la sobreexplotación del agua subterránea.
Según una información difundida por La Jornada, integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos denunciaron que desde 2014, el Jefe de Gobierno Capitalino, Miguel Ángel Mancera, y el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre, han manifestado sus intenciones de lograr acuerdos a largo plazo con Suez, Veolia y Gutsa, esta última compañía francesa señalada por ofrecer sobornos para garantizarse contratos de agua.
En consecuencia, los integrantes de Agua para Todos emitieron un documento de análisis del incumplimiento y violación de la Constitución -el cual le fue entregado al consejero jurídico del gobierno capitalino, Vicente Lopantzi- y de los instrumentos de derechos humanos y de los pueblos en que incurre dicha Ley, además de que declararon un estado de “alerta máxima de corrupción”.
Elena Burns y Carlos Vargas, integrantes de Agua para Todos, convocaron a unirse a las demandas de amparo presentadas por los pueblos de Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan pues observan que los intereses mercantiles están por encima de los sociales en esta nueva legislación.
Ante el recorte de 80 % en los recursos federales para agua y saneamiento para los 2 mil 500 municipios y áreas metropolitanas del país, los integrantes de Agua para todos temen que se estrangule a los sistemas públicos a fin de imponer la privatización del insumo nacional.
La Ley de Seguridad Hídrica fue aprobada el 24 de noviembre pasado. En ésta se le otorga al Sacmex personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión, además de que se le concibe como un organismo público descentralizado.
Ante ello, los integrantes de Agua para todos mencionaron que la ley castigaría a quienes adeudan más de un pago con el corte del suministro de agua y drenaje, lo cual es “algo inaudito, inhumano y anticonstitucional” y no contempla asignación de responsabilidades para superar las severas inequidades en la distribución y acceso al vital líquido.
