Las concesiones legales e ilegales para extraer agua en México han generado costos de transacción muy elevados a los habitantes de las localidades, sostuvo la doctora Delia Montero Contreras, académica del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Los arreglos formales e informales con particulares –que tuvieron su auge entre 2000 y 2018– se han incrementado con la llamada Cuarta Transformación, afectando a los consumidores que deben comprar pipas, pagar consultas médicas porque enferman debido a la mala calidad del líquido o adquirir productos embotellados.
El gobierno ha reducido el presupuesto para muchas actividades de regulación y monitoreo de cuánto se saca de los ríos, mientras estados y municipios dan concesiones por entre cinco y hasta 50 años, que empiezan a crear externalidades negativas que transfieren los costos a los pobladores, precisó en el Primer Coloquio Internacional de la Red Mexicana de Estudios Institucionales, capitalismo, cambio institucional y comportamiento humano.
Aun cuando el Estado detenta los derechos de propiedad del bien, también tiene ciertas obligaciones. Una de ellas es la vigilancia, que implica costos de transacción y falta, tanto de personal calificado como de recursos, lo que en la actual gestión «es más evidente».
El gobierno ha reducido el presupuesto para muchas actividades de regulación y monitoreo de cuánto se saca de los ríos, mientras estados y municipios dan concesiones por entre cinco y hasta 50 años, que empiezan a crear externalidades negativas que transfieren los costos a los pobladores»
Las industrias minera y embotelladoras –con las firmas Bepensa, Bonafont, Kimberly Clark y algunas cadenas hoteleras– cuentan con transferencias de derechos por muchos años, como presentaron en un mapa profesores de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, refirió Montero Contreras en su ponencia La transferencia de los derechos de propiedad del agua del sector privado en México y su deliberado incumplimiento.
La doctora Lourdes Romero Navarrete, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, dijo que contrario a lo que se esperaría, la administración federal ha dado más títulos; por ejemplo, las otorgadas a tres empresas lecheras en la región de La Laguna.
«Resulta preocupante la distribución del uso del recurso por parte de la Comisión Nacional del Agua: 30 por ciento al sector ejidal; 43 por ciento a municipios y tres por ciento a las familias Tricio (Lala), Martín (Soriana y otras productoras de lácteos) y Valdés Berlanga (accionista de Lala), que reciben 27 por ciento».
El organismo incumple el marco legal y «favorece la crisis de disponibilidad y el deterioro, por comisión u omisión», refirió en la conferencia Los derechos de propiedad en la gestión del agua en México, en el caso de La laguna, Coahuila-Durango.
A esos tres grupos se confirieron cinco concesiones en 2017 y 11 más un año después, pero en 2019 recibieron 116 y, en 2020, en plena pandemia, 61 adicionales.
Con la ponencia Competitividad y costos de transacción en México. Una evaluación sobre los indicadores del Banco Mundial, Foro Económico de Davos e IMCO, los doctores Enrique Pino Hidalgo y Diego Manzano Luis, académicos del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, señalaron que el año pasado el primer organismo posicionó a México en el lugar 60 de 190 naciones evaluadas, mientras que el segundo lo colocó en el 48 de 141 economías y el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el sitio 34 de 43.
En el plano nacional, la competitividad muestra una tendencia de estancamiento para el largo plazo que denota escasa mejoría en las instituciones que «favorecen poco el ambiente de negocios», un comportamiento institucional que implica costos elevados de transacción, según las estimaciones de multinacionales.
Calificaciones altas en el rubro se traducen, en general, en una ventaja para el crecimiento, la inversión, el empleo y la reducción de los costos de transacción. «El outsourcing equivale a una desregulación de la contratación laboral que beneficia a empresarios, pero precariza el trabajo al generar inestabilidad y no ofrecer seguridad social».
