Por Christopher García
La aparición de las asociaciones público-privadas (APP) durante la segunda mitad del siglo XX apeló, por un lado, al poder económico de la iniciativa privada y a un mayor conocimiento de los avances tecnológicos y, por otro, a la necesidad de atender la creciente demanda de servicios que los gobiernos no podían (ni pueden) cubrir con recursos públicos. Si bien este esquema se ha practicado en México desde hace décadas, las consideraciones jurídicas para su implementación constan desde 2012 en la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
Según se lee en el documento Las Asociaciones Público-Privadas como Alternativa de Financiamiento para las Entidades Federativas, publicado en junio de 2016 por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, este tipo de esquemas son benéficos para el desarrollo de infraestructura pública, pues presentan mayor rapidez de ejecución, menores costos, distribución eficiente de los riesgos, mayor calidad en el servicio y una mejor administración.
Actualmente, en México, dos sectores se encuentran en distintas fases de implementación de este tipo de esquemas: el hídrico y el de la salud. En el primer caso, algunos estados de la República han concesionado a privados la administración del recurso, con resultados contradictorios. En Saltillo, por ejemplo, luego de 15 años de administración privada del agua, sólo 22.13 % de las tomas tenían flujo continuo, pese a las promesas de mejor abasto y calidad de líquido. En este contexto, el artículo «Participación privada no es privatizar», incluido en la edición Mayo/Junio, contrasta puntos de vista sobre lo que ha sido de las APP en dicho sector y sus posibilidades a futuro.
Para el caso del sector salud, la administración pública promueve desde hace tiempo esquemas público-privados para mejorar las avejentadas condiciones de la mayoría de sus inmuebles y el esquema de servicio que se encuentra rebasado por las necesidades públicas. Los resultados hasta ahora son ambiguos.
El presidente del Consejo Directivo de la SMAES hace referencia, por ejemplo, a los Hospitales de Zumpango e Ixtapaluca, en el Estado de México, que «no han dado los frutos deseados, ya que cuentan con una gran infraestructura con tecnología de punta, pero tardan mucho tiempo para operar eficientemente».
La particpación privada en labores propias de gobierno no es un tema sencillo para la sensibilidad nacional y genera, casi siempre, opiniones encontradas.
Por lo pronto, las APP seguirán adelante (considérense los 12 proyectos para el sector salud anunciados por la SHCP en marzo de 2017). Cabe señalar, no obstante, que problemas de índole no propiamente tecnológica o de infraestructura deben también atenderse para que el resultado de este tipo de asociaciones se acerque lo más posible al deseado.
