A través de este Acuerdo, el Gobierno de México se comprometió a impulsar la inversión privada y a incorporar paulatinamente diversos proyectos, de los cuales ya el sector privado identificaba 1 mil 600 potenciales
Por Ángeles Mendieta Alonso / Imágenes, Conagua
El Estado es un promotor del desarrollo económico, lo cual conlleva, entre otras tareas insoslayables, la modernización y expansión de la infraestructura física, elemento indispensable para el crecimiento y la competitividad del país. Dispone de recursos financieros por ingresos del Gobierno Federal, que se recaudan a través de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; ingresos de organismos y empresas, que se obtienen de las Entidades Paraestatales e ingresos derivados de financiamiento interno y externo, el cual representa el techo de endeudamiento público autorizado en cada ejercicio fiscal por la Cámara de Diputados.
Tradicionalmente, los impuestos y la deuda han sido las fuentes de recursos más usadas para desarrollar obra pública; sin embargo, las crecientes necesidades de infraestructura y las restricciones de financiamiento, a lo que se suma una deficiente fijación de precios públicos que no permiten recuperar costos por uso de bienes públicos, han dado lugar a la implementación de mecanismos de financiamiento para que los gobiernos dilaten el gasto en este rubro. Por ejemplo, la subcontratación de servicios con el sector privado permite que los gastos de capital asociados a la infraestructura sean conformados como gasto corriente.
De igual forma, los gobiernos han incrementado su alcance de inversión a través de las Asociaciones Público-Privadas (APP), que, de alguna manera, han venido a compensar la disminución de inversión pública, especialmente en activos y servicios de infraestructura económica –carreteras, puertos, transportes, ferrocarriles y agua-, permitiendo al Estado diferir e incluso evitar el gasto sin tener que renunciar a los beneficios.
Este esquema se inició en el Reino Unido a principios de la década de 1990, extendiéndose gradualmente a otros países. Comprende diversos modelos de inversión que van desde las concesiones que se otorgan a particulares hasta los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. En el caso mexicano, durante varios años han existido las APP, lo cual ha permitido ampliar la infraestructura del país principalmente en los sectores carretero y de agua.
En el sector hídrico, la participación privada se despliega a través del Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua, que canaliza apoyos del Fondo Nacional de Infraestructura a cago del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, hasta por 49 % de la inversión inicial de obra hidráulica.
El mecanismo de APP utilizado para desarrollar proyectos de inversión en infraestructura hidráulica es el conocido como BOT: Built-Operate-Transfer, mediante el cual se celebra un contrato de servicios de largo plazo entre una dependencia o entidad y una empresa, a la que le es adjudicada la construcción y concesión por un tiempo determinado del proyecto de inversión en obra pública federal, estatal o municipal. Durante el período de la concesión, la empresa presta el servicio a la población con los activos construidos; al término del plazo establecido, transfiere la obra al Organismo Operador o Comisión Estatal de Agua responsable de continuar operándola.
Durante la vigencia del contrato, el Organismo Operador se obliga a pagar periódicamente a la empresa una contraprestación por concepto de amortización del capital privado invertido.
Este modelo de negocio, así como todos aquellos esquemas en los que el sector privado suministre, total o parcialmente, servicios o infraestructura al sector público, es regulado por la Ley de Asociaciones Público Privadas y su Reglamento. Ejemplos de infraestructura desarrollada bajo este esquema es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco, Hidalgo, y la Planta Desalinizadora de Los Cabos, Baja California Sur.
En la actualidad, existen fuertes restricciones en el gasto público, por lo que, a fin de incrementar, facilitar y acelerar la inversión pública, en noviembre de 2019 se dio a conocer el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura entre el Gobierno Federal y el sector privado, para inicialmente desarrollar 147 proyectos con una inversión estimada, en ese momento, de 859 mil 22 millones de pesos.
A través de este Acuerdo, el Gobierno de México se compromete a impulsar la inversión privada e incorporar paulatinamente otros proyectos, que, en ese momento, ya el sector privado identificaba 1 mil 600 potenciales.
Para el sector hídrico, se definieron 12 obras que alcanzan una inversión de 46 mil 500 millones de pesos, todos por demás importantes pero que, por las condiciones climáticas y de escasez de agua, resulta relevante mencionar las plantas desaladoras y la mejora integral de la gestión de Organismos Operadores, en La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, que a través de las desaladoras se incrementará la oferta de agua potable y con los proyectos de mejora integral se hará un uso eficiente de esa agua al reducir las pérdidas por fugas y mejorar la eficiencia comercial y la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
Esta apertura a la inversión privada es fundamental para fortalecer la solidez económica del sector hídrico. La inversión público-privada es un mecanismo que complementa la capacidad del gobierno para garantizar la disponibilidad de agua a los ciudadanos que no implica la privatización del servicio y mucho menos del agua y, para los Organismos Operadores de Agua, que en su mayoría no cuentan con autonomía financiera para acceder a créditos, las APP significan una forma de financiamiento preferencial.
Sin embargo, para que la APP sea exitosa, es indispensable que tanto el gobierno como el inversionista privado no pierdan de vista el contexto político, económico y social de cada proyecto, así como la adecuada distribución de riesgos a fin de que sean asumidos por la parte que mejor puede soportarlos.
