Los cientos de investigadores, organizaciones, pueblos originarios, funcionarios y exfuncionarios de la Conagua que forman parte de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s (ApT), Agua para la Vida señalaron a través de un comunicado que lamentan el incendio ocurrido el sábado 23 marzo, alrededor de las 8:00 am, que dañó seriamente los pisos 9, 10, 11, 12 y 13 de las oficinas centrales de la Conagua, y celebran que el siniestro haya ocurrido sin pérdida de vidas. No obstante, también lamentan que las áreas que se concentraban en los pisos dañados por el incendio resguardaban información vital y sensible sobre la gestión del agua en el país.
Destacan en particular que en el piso 9 -donde se originó el siniestro- operaba la Coordinación de Recaudación y Fiscalización, área encargada del proyecto Conagua Digital, «el cual fue concesionado a la trasnacional Indra para agilizar el acceso a concesiones a aguas nacionales», se lee en el comunicado. Sobre dicho proyecto -que entró en vigor el 1º de octubre de 2018, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación– la propia Coordinadora ApT advirtió en octubre que se trata de un sistema de entrega automática de concesiones para la explotación de aguas nacionales hasta llegar a los topes de disponibilidad para cada acuífero y cuenca. «Las únicas zonas que serán protegidas contra la entrega indiscriminada de concesiones serán las que cuentan con vedas. Este hecho cobra especial relevancia a la luz del levantamiento de vedas por medio de los 10 Decretos firmados por Enrique Peña Nieto el pasado 5 junio».
Además, señala el comunicado, en los pisos 9 y 10 operaba el Registro Público de Derechos al Agua (REPDA), «en donde se han acumulado decenas de miles de solicitudes de renovación de concesiones, principalmente de ejidos y pequeños productores de todo el país, dado que en diciembre de 2015 las oficinas regionales del REPDA fueron cerradas».
A partir de esta centralización, acusan los representantes de ApT, especialistas en el tema han recibido reportes de dinámicas de soborno que han permitido que se “priorice” las solicitudes por parte de los grandes concesionarios.
De acuerdo con lo señalado en el documento, los funcionarios que han estado operando en los pisos dañados por el siniestro son los responsables del «sobreconcesionamiento de las aguas del país, de las enormes inequidades en su distribución, del uso discriminatorio de vedas y otros procedimientos para violar los derechos al agua de pueblos indígenas y núcleos agrarios; de presionar a agricultores del norte del país para que cedan permanentemente sus derechos al agua al país vecino, entre muchas otras prácticas, en detrimento de los derechos al agua del pueblo de México».
Por otro lado, la Subdirección General Jurídica, ubicada en el piso 11 que también se vio afectado por el fuego, está a cargo de contratos, amparos y recursos de revisión.
Debido a la posibilidad de que documentación sensible sobre la renovación de concesiones, la aprobación de nuevas solicitudes, así como sobre distintos programas que, señalan, deben someterse a revisión por una serie de irregularidades en sus operaciones, sobrecostos y «secrecía fiduciaria», la Coordinadora Nacional ApT solicita que la Secretaría de la Función Pública convoque una comisión independiente para informar a la sociedad lo antes posible sobre el estatus de una serie de temas:
- Las decenas de miles de solicitudes de concesiones a aguas nacionales que esperaban el otorgamiento o renovación de sus respectivos títulos
- La información financiera relacionada con la operación del Fideicomiso 1928, a través del cual el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión de Agua del Estado de México manejan 3 mil millones de pesos anuales para obras hidráulicas sin revisión pública ni legislativa, bajo secrecía fiduciaria
- La documentación de los sobrecostos de la obra Túnel Emisor Oriente, originalmente presupuestado en 9.5 mil millones de pesos, y que a la fecha ha absorbido 50 mil millones de pesos (del PEF más el Fideicomiso 1928), asignado a Grupo Carso sin licitación ni proyecto ejecutivo
- La información requerida para responder a observaciones de irregularidades realizadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre las obras hidráulicas del NAICM, que manejaban 3 mil millones de pesos anuales hasta PEF 2018, así como de los $32.6 mil millones en gastos no justificados para programas de agua y saneamiento, según el análisis realizado por “Controla tu Gobierno”
- Documentación justificando los 1 mil millones de pesos del presupuesto 2019 destinados a Grupo Carso para operar la planta de tratamiento de aguas residuales en Atotonilco
- Información sobre el contrato con la empresa Indra, con un supuesto valor de 70 millones de pesos, para diseñar y operar el proyecto Conagua Digital o “Conagua en Línea”
- Información sobre el diseño de dicho programa, para determinar si facilitará una profundización del control privado sobre las aguas nacionales en violación del mandato constitucional del acceso equitativo y sustentable al agua
De igual manera, ApT señala que lo ocurrido el sábado 23 enfatiza la necesidad de lograr lo antes posible una Ley General de Aguas que «regrese la gestión del agua a manos públicas», a fin de asegurar que los funcionarios públicos «respeten los derechos garantizados en las reformas a los artículos 1, 2 y 4 constitucionales», que establecen para los mexicanos de todo el país el derecho al agua en cantidad y calidad suficientes.
